El pasado 19 de enero la magistrada María Victoria Quiñones Triana, quien había sido centro de polémica después de que le fuera asignada a ella la demanda de nulidad contra el alcalde Carlos Pinedo Cuello, interpuesta por Jorge Agudelo Apreza, tomó la decisión de declararse impedida para fallar en este proceso.

Quiñones Triana fundamentó su decisión en el hecho de que el abogado Hernando Zabaleta Echeverry, quien ha fungido como uno de los defensores de la credencial de Carlos Pinedo, ha interpuesto denuncias contra la magistrada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Disciplina Judicial.

Adicionalmente, ha sido denunciada por Zabaleta tras figurar en los cuadros de Excel, revelados por Seguimiento.co, en los que el gobierno de Virna Johnson habría configurado un carrusel de contratos otorgados a concejales, diputados y funcionarios judiciales, para presuntamente, conseguir favores.

Esto dejó a la magistrada en una posición de impedimento, a la luz del artículo 141 del Código del Proceso, en el cual se plantea la “enemistad grave” con alguna de las partes, como una razón para esgrimir esta imposibilidad.

No obstante, la declaratoria de impedimento por parte de la magistrada no fue aceptada por los también magistrados, Adonay Ferrari y Maribel Mendoza, lo que devuelve el proceso al inicio.

De esta forma, la magistrada María Victoria Quiñones queda en total libertad de conocer la demanda interpuesta por Jorge Agudelo en contra de Carlos Pinedo, en la que se solicita puntualmente, una medida cautelar que implica la suspensión temporal de su cargo como alcalde de Santa Marta.

Esto, dejaría a la ciudad en una crisis de gobernabilidad que implicaría que, mientras se resuelve el proceso, el presidente Gustavo Petro designe a un alcalde encargado.